En la Isapre Colmena, toda la fuerza de venta fue obligada a tomarse vacaciones durante julio. Así, la firma bajaba sus provisiones por días de descanso no cobrados y daba un respiro a un grupo de trabajadores que ha debido enfrentar en primera línea el convulso sistema asegurador privado.

Banmédica ha hecho lo mismo, y no serían las únicas que usarán ese tipo de estrategias financieras para paliar los números rojos que arrastran. 

La situación, han dicho los actores del sistema, es crítica, y está casi llegando a un punto de no retorno. Con esa frase que se ha repetido hasta el cansancio, lo cierto es que las pérdidas a junio de este año superaron los $ 40 mil millones. Si entre enero y marzo perdieron $ 21 mil millones en su conjunto las seis isapres abiertas, según información que pudo recabar DF MAS, los números rojos más que se duplicaron al cierre del primer semestre. 

La próxima semana se darán a conocer las cifras, pero como referencia están las pérdidas a marzo, donde Consalud sumaba $ 11.726 millones en pérdidas, seguida de Cruz Blanca con $ 8.072 millones, Nueva Masvida con $ 2.595 millones, y Banmédica, con pérdidas por $ 2.288 millones. Las únicas que ganaron en marzo fueron Colmena con $ 1.180 millones y Vida Tres, con utilidades por $ 2.404 millones. 

Las razones detrás de estos resultados negativos históricos estarían en la imposibilidad de reajustar los planes de salud por dos años, el aumento de costos de hasta 30% y una serie de ajustes de garantías y criterios que ha hecho la autoridad. 

Esto ha hecho que todas las isapres hayan reducido sus costos y apurado los procesos de cobro de facturas pendientes, así como reducir drásticamente sus vendedores; pero a pesar de ello, las operaciones se han solventado prácticamente en su totalidad con aumentos de capital de los accionistas. 

En el caso de Consalud, controlada por ILC, el brazo financiero de la Cámara Chilena de la Construcción, el 2021 recibió aportes de capital por $ 90.000 millones y durante el 2022 ha aportado $ 26.000 millones.

“Esto demuestra el gran compromiso que ha tenido con la sostenibilidad de Consalud y en seguir aportando a que miles de chilenos tengan acceso a salud privada en Chile”, respondió la firma.

El controlador de Cruz Blanca, Bupa, ha hecho tres aumentos de capital desde el año pasado a la fecha. El primero fue por $ 45.577 millones en enero de 2021; el 15 de marzo de este año fueron $ 123.397 millones y el último fue el 15 de junio de este año por $ 1.384 millones. 

La isapre no confirmó si la totalidad de esos nuevos recursos fueron a parar solo a la aseguradora, o además se repartieron en otras filiales del grupo, como clínicas. 

“Si bien en CruzBlanca hemos redoblado los esfuerzos administrativos, adoptando un plan de eficiencias que cubre toda la cadena de valor de la compañía, ello no ha sido suficiente, razón por la cual nuestro controlador ha efectuado consecutivos aportes de capital para sostener la operación de la Isapre y resguardar el servicio que hemos comprometido con nuestros afiliados y el país”, dijo en un comunicado.

Colmena, desde el año pasado, ha inyectado $ 20 mil millones a su operación de parte de sus accionistas: Grupo Bethia, un fondo de LarrainVial y la familia Trucco. 

Banmédica y Vida Tres han sido una de las pocas que, hasta ahora, no ha inyectado capital. Y Nueva Masvida solo ha reinvertido sus utilidades. Ninguna ha descartado, eso sí, tener que recurrir pronto a un aumento de capital de ser necesario. 

El saco tiene fondo, dicen varios consultados, en referencia a que no es sostenible ni justificable que un controlador esté capitalizando a la empresa mes por medio. Varios dicen en reserva que hay unas más complicadas que otras y principalmente las controladas por capitales extranjeros ven con más preocupación lo que está ocurriendo. 

Banmédica, controlada por la estadounidense United Health, ya ha hecho llegar su preocupación directamente a autoridades diplomáticas del país del norte, mientras que Nexus, controladora de Nueva Masvida, estaría analizando seriamente abrir una consulta como inversionista extranjero. La inglesa Bupa, controladora de Cruz Blanca, inició en marzo el procedimiento de resolución de controversias establecido por los tratados internacionales entre Chile y Reino Unido.

Pero vendría un respiro. Aunque un actor de la industria dice que están tan bajo el agua, que ni siquiera alcanza para respirar. Desde junio aplicaron un alza en los planes de salud de 7,6%, y por todos aquellos clientes que no han reclamado por ese aumento, las isapres recibirán más dinero y tendrán flujo de caja suficiente para tener algo de operatividad sin pedir ayuda a sus accionistas. 

Gran parte del futuro del sistema se juega en la justicia. Si la Corte de Apelaciones decide aceptar el criterio de la Superintendencia de Salud de rechazar la adecuación de los planes, el colapso financiero podría ser mayor. 

Torpedeo constante 

El martes, hasta altas horas y vía telemática, la Asociación de Isapres y representantes de las empresas socias del gremio lograron juntarse con la ministra de Salud, María Begoña Yarza. En la cita, dejaron que los representantes de las aseguradoras mostraran en carne propia lo que están viviendo.  

Quienes estuvieron presentes en la cita reconocen que no hubo, o no se hizo patente, un cambio de criterio en la autoridad, que en julio había dicho que las isapres durante mucho tiempo habían ganado dinero, por lo que corresponde que ahora tuvieran ahorros para los tiempos malos. 

Con números en mano, las isapres le hicieron ver a la autoridad que eso no era así debido a los costos del sistema, la mayor siniestralidad y la imposibilidad de aumentar precios. Además, recordaron que fue el Congreso el que aprobó la Ley  21.350, que regula el procedimiento para modificar el precio base de los planes de  salud, en base a una circular que emite la Superintendencia de Salud. 

Lo contraproducente es que ha sido la misma Superintendencia la que ha negado aplicar el alza de 7,6% como techo que fijó para este año, aduciendo que las isapres no han entregado argumentos para esa alza de precios. Y las isapres han elevado recursos administrativos recalcando que el “argumento” lo ha dado la misma Superintendencia, con la circular que fija el alza máxima explicada en los costos del sistema. 

La ministra Yarza dijo que armarían una mesa de trabajo con las isapres, sobre todo para ver el paso al nuevo Fondo Único de Salud que empuja el Gobierno. 

Si además de eso se siguen presentando judicializaciones por el uso de la tabla de factores y el gobierno no empuja una reforma integral, el panorama no tiene mucho espacio para mejorar.

En todo caso, todos los actores consultados están esperando el 4 de septiembre. De ganar el Apruebo o el Rechazo, creen, las chances de que el sistema sobreviva tal como hoy son nulas. Sin embargo, la gradualidad de los cambios dependerá de la opción que se alce como victoriosa. Muchas, sino todas, saben que el modelo se reajustará, lo que no tienen claro es cómo será la transición para las empresas, los controladores y los 3 millones de clientes que tienen. 

En paralelo, siguen en compás de espera la compra de Colmena por parte de Nueva Masvida. Sin embargo, actores al tanto dicen que la condición suspensiva para seguir adelante en los términos acordados, era que la FNE aprobara la operación, lo que no ocurrió cuando el organismo rechazó la operación a inicios de año.

Ahora está en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero en el caso de que el tribunal rechace el criterio de la FNE, Colmena y Nueva Masvida deberían sentarse a conversar desde cero y con otras condiciones, dicen conocedores.

Las alarmas en los bancos

Hay visiones opuestas en las isapres. Mientras algunas están conformes con la estrategia de alardear del mal momento que viven, otras creen que las perjudica con otra contraparte clave para el sistema: los bancos. 

Pasa que buena parte de las garantías que entregan las isapres a la Superintendencia para solventar una parte de los pagos en caso de quebrar, son otorgadas por los bancos, los que desde este año se han puesto el doble de restrictivos para aumentar o renovar las líneas de crédito aprobadas. 

Los telefonazos desde las entidades financieras no han cesado, y varias han rebajado los plazos para otorgar garantías desde un año, que era lo usual, a seis meses como máximo.

Las empresas de factoring o de confirming (adelanto del pago de facturas) también están alertas por el riesgo sistémico si es que se activa la intervención de una clínica y se adelantan todos los pagos pendientes. El bochorno de la quiebra de la ex Isapre Masvida todavía está en el aire. 

Solo a las clínicas, por ejemplo, las isapres les deben del orden de los $ 450 mil millones hasta mayo, pero la mitad de esos están “formalizados”, la otra mitad ha sido objeto de una estrategia de postergación, explica un importante actor del rubro. 

Cuando la clínica envía a una isapre la factura de un paciente atendido, la aseguradora tiene 60 días para presentar alguna objeción. Lo que están haciendo varias es que al día 59 envían una objeción, renovando por otros 60 días el plazo de revisión. Y en esos 120 días la clínica sigue abultando sus deudas. 

Por eso la relación entre clínicas e isapres está cada vez más tensa. La Clínica Alemana terminó el convenio que tenía con Consalud y Nueva Masvida; Redsalud (de ILC) notificó a Nueva Masvida que en tres meses ponía fin al acuerdo comercial que tienen; y las clínicas de Banmédica (Santa María, Davila, Vidaintegra, entre otras) habían avisado a Nueva Masvida lo mismo, pero luego echaron pie atrás, porque la isapre se habría puesto al día en sus deudas. 

Esto también ha activado alertas en los médicos. Un ejecutivo de una isapre cuenta que cuando el director de Fonasa, Camilo Cid, dijo que las isapres “desaparecerán del mapa de la seguridad social”, varios facultativos empezaron a llamar a las isapres para preguntar qué iba a pasar con ellos y los convenios. Los bancos se sumaron a las consultas. Y los accionistas también.