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Japonesa Outsourcing Inc se querella contra socio chileno
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El 12 de julio el abogado Julián López presentó una querella criminal, en representación de la firma japonesa Outsourcing INC., contra el abogado Eduardo Ovalle Rodríguez, exdirector de la empresa Segaer, y Marco Jofré y Sergio Sierra, ex ejecutivos de la compañía SL Group. Se trata de una querella por negociación incompatible, que ya fue declarada admisible. Esta es la historia.
En 2015 Outsourcing Inc. -representada por Atsuhi Nakamoto y Kasuhiro Suzuki-, una sociedad abierta en la bolsa de Tokyo, con presencia en Asia y Europa, entró a Latinoamérica a través de la compra del 51% de Grupo Expro, empresa chilena que Outsourcing, Inc. adquirió totalmente en 2019. Grupo Expro entrega servicios de subcontratación, servicios transitorios, de recursos humanos y selección de personas, entre otros.
En 2018, Outsourcing adquirió el 51% de un grupo de compañías llamado SL Group, propiedad de Inversiones San Marco SpA, cuyo dueño es Marco Jofré Marín. SL Group es un outsourcing de servicios de seguridad y aseo y Jofré permaneció como gerente general y como director de la empresa holding, Inversiones SL Group SpA y de Sociedad de Seguridad Aérea S.A., entre otras. Ahí es cuando empiezan los problemas: la comunicación entre éste hacia el grupo controlador comenzó a ser imprecisa, tardía o parcial -acusan de la japonesa en la querella-, lo que generó suspicacia en el directorio.
A esto se sumó que el flujo de caja de SL Group se hizo más estrecho y que Jofré pidió financiamiento adicional para la empresa, cuando las operaciones no reflejaban que eso fuera necesario. Los asiáticos señalan en el escrito que sin aprobación del directorio, el 1 de febrero de 2020 Jofré había firmado un contrato de arriendo a nombre de SL Group y sus filiales, Segaer y San Luis, sin posibilidad de terminarlo antes de los 6 años, establecido con una empresa llamada Full Logistic Services SPA (FLS).
El arriendo de Segaer ascendía a UF 2.899 más IVA. A eso se sumaba el precio de un subarrendamiento de FLS a San Luis por UF 1.702 más IVA adicionales.
Al directorio le pareció que el precio del arriendo era demasiado alto, por lo que, a fines de 2021, contrató a un tercero independiente, BDO, auditora y consultora especialista en valorización de inmuebles de amplia reputación en el mercado, para que hiciera una tasación. La conclusión del estudio fue que el arriendo que FLS le estaba cobrando a SL Group era cuatro veces más alto que el valor de mercado.
Y comprobaron, añaden en el relato, que su administrador y representante legal es Eduardo Ovalle Rodríguez, abogado corporativo de SL Group hasta junio de 2022 y abogado personal de Jofré, además de director de Segaer hasta agosto de 2022.
En un documento público -añade la querella escrita por Julián López-, Marco Jofré, Eduardo Ovalle y Sergio Sierra habían acordado el reparto de utilidades provenientes de FLS y la forma consensuada de tomar decisiones en su seno. Cabe señalar que al momento de firmar el contrato de arriendo Sergio Sierra se desempeñaba como director y presidente de Segaer, además de director de SL Group. La querella añade que en los últimos dos años y medio, FLS ha recibido más de $ 4 mil millones en pagos desde SL Group.
Después se sabría que esta era solo una parte de un esquema de negocios entre partes relacionadas orquestado por Jofré. Al constatar el sobreprecio del contrato de arriendo, y haciendo uso de sus facultades de administrador mayoritario establecidas en el pacto de accionistas, en junio de 2022 Outsourcing sacó a Jofré de la gerencia general de SL Group y de todas sus filiales, salvo una, Segaer, lo que solo pudo ocurrir en agosto de 2022 debido a que Jofré se negó a convocar a junta de accionistas.
El grupo controlador nombró a Cristián Carvajal como gerente general de SL Group en reemplazo de Jofré.
La abogada que representa a los acusados chilenos es la penalista Verónica Rosenblut, quien declinó profundizar en el asunto. En todo caso, conocedores del proceso cuentan que los demandados respondieron con una querella contra quienes resulten responsables por delitos informáticos.