Firma de Escazú

El año 2020 el Gobierno de Chile se rehusó a firmar el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. 

La decisión de Chile fue un bochorno para su política exterior; el tratado había sido impulsado por nuestro país junto con Costa Rica, y sus negociaciones habían sucedido en la primera administración de Piñera. 

El cambio de último minuto de Chile sobre la adhesión al acuerdo estuvo justificada por razones poco claras y que además fueron variando a través del tiempo. Del mismo modo, fue un hecho que distanció aún más a Chile de la forma en que había enfrentado su política exterior desde el retorno a la democracia: como una política de estado. Lo anterior se relaciona también con lo sucedido con el Pacto Mundial para la Migración. 

El viernes recién pasado el Presidente de la República firmó Escazú, con lo que se deberá esperar la aprobación del Congreso (mecanismo que enfrentan todos los tratados a los que el país adscribe). Luego de esto será depositado ante Naciones Unidas y habiendo pasado noventa días entrará en vigor el acuerdo para Chile. 

Es de esperarse que el Congreso apruebe este acuerdo y que Chile comience a enfrentar todos los desafíos que establece su adhesión. Como bien han señalado diversas expertas, Escazú establece una forma de hacer las cosas, pero nuestra principal tarea luego de su ratificación, será definir lo que necesitamos para comenzar a funcionar de aquella manera y trabajar por implementarlo. 

Más que celebrar su adhesión en sí misma, la buena noticia es el camino que con ello empieza y que no podrá ser descuidado. 

Rechazo del informe de la Comisión de Sistema Político de la Convención:

El viernes el pleno de la Convención Constitucional sometió a votación el primer informe de la Comisión de Sistema Político. De los 95 artículos que componían el informe en votación fueron aprobados solo tres, de hecho, uno de ellos no obtuvo ningún voto. 

Sin embargo, lo anterior no fue ninguna sorpresa, puesto que ya había trascendido en la prensa que varios sectores de la convención habían hecho un llamado a rechazar para así darle más tiempo a la comisión de llegar a nuevos acuerdos. 

El objetivo de esta comisión requiere una propuesta de normas entrelazadas, lo cual exige una discusión más sistemática que la que poseen otras comisiones. Por otro lado, las normas propuestas por la Comisión de Forma de Estado requieren conversación con el trabajo de la de sistema político.  

El rechazo de prácticamente todo el informe presentado es una buena noticia sí y solo sí genera la conciencia entre las y los convencionales que se requiere diálogo y deliberación entre todos los actores, permitiendo así una propuesta de sistema político coherente y armónico, y en ningún caso una que busque empaquetar deseos diversos que no proveerán un sistema de máquinas que mejore nuestra distribución del poder, fortalezca la democracia y propicie la gobernabilidad. 

Los efectos de la pandemia en niños, niñas y adolescentes

A finales de 2021 UNICEF presentó un informe en el que señala que el COVID-19 es la “peor crisis para la infancia en los 75 años de historia” de la institución. Algunos de los horrosos datos presentados en dicho documento señalan que: en menos de dos años, 100 millones de niños han caído en la pobreza; en el peor momento de la pandemia, 1.600 millones de niños enfrentaban el cierre de sus establecimientos educacionales y durante el 2020, más de 23 millones de niños no recibieron las vacunas que les correspondían. 

Al analizar el cierre de las escuelas a nivel mundial el escenario de América Latina y el Caribe es el peor, nuestra región ha tenido un 80% del “tiempo de instrucción interrumpido debido al cierre total de las escuelas”. 

Esto último ha afectado de forma mayoritaria a estudiantes en contextos de vulnerabilidad, quienes no tienen herramientas para acceder a la educación mediante dispositivos tecnológicos, además de los evidentes costos en diversas dimensiones del desarrollo, el cual está estrictamente vinculado a la presencialidad del proceso educativo. 

Por lo anterior, es una buena noticia que en Chile se refuerce que las escuelas deben ser las primeras en abrir y las últimas en cerrar en escenarios donde la pandemia se complejice, sin embargo, es necesario también definir planes y programas que permitan reparar las brechas que estos años han dejado en nuestros niños y niñas, los cuales muchas veces son priorizados en la retórica de la discusión pública pero no siempre son atendidos con la misma vehemencia en el diseño de las políticas públicas.