Personaje
La historia y conflictos legales de Leonarda Villalobos, la protagonista del caso financiero más bullado de los últimos años
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En el ojo del huracán está Leonarda Villalobos, luego de que esta semana esta abogada figurara en los bullados audios en torno a una reunión con el penalista Luis Hermosilla y Daniel Sauer, que destaparon un caso que ya puede calificarse como único en la historia chilena, por las ramificaciones insospechadas que puede tener esta trama financiera, y que involucra a instituciones públicas como la CMF y el SII, y a empresarios que fueron nombrados en la citada grabación.
Oriunda de Valparaíso, María Leonarda Villalobos Mütter (51 años) estudió en el Colegio de los Sagrados Corazones de esa ciudad y luego, Relaciones Públicas en el entonces Instituto Profesional Alemán, que en el 2000 enfrentó la solicitud de cierre y revocación de su reconocimiento oficial. Estudios que años después, complementó, saliendo de la U. Bolivariana como abogada. Su fecha de titulación, según registros de la Corte Suprema, data de hace justo dos años, del 19 de noviembre de 2021.
En su niñez y juventud vivía en la Avenida Elías del Cerro Alegre, con su familia, en una vivienda que era en realidad de su abuela y donde habitaban, además de sus padres, también tías, y un hermano del padre. En suma, Villalobos formaba parte de una familia de clase media “de esfuerzo”, describe un cercano de esos años, círculo que también integra una hermana, una profesora de Historia y Ciencias Sociales, quien se radicó en España hace años.
Su madre era dueña de casa y su padre, Osvaldo Villalobos Castro, ya fallecido -refieren personas que la conocieron-, trabajaba en el Servicio de Impuestos Internos (SII), en una oficina emplazada en el mismo edificio donde está la Intendencia en el puerto. Luego fue trasladado a la sede del SII en Viña del Mar.
Villalobos se casó joven y producto de ese primer matrimonio -del que nacieron cuatro hijos-, por el trabajo de su entonces cónyuge, vivió en varias ciudades de Chile, en San Antonio, Antofagasta y Talca, hasta que esta familia se estableció en Santiago, en 2002. Durante este período, Villalobos era dueña de casa, no trabajaba, pero luego empezó su vida laboral como vendedora y, más tarde, supervisora en una AFP, en la capital.
Su madre era dueña de casa y su padre, Osvaldo Villalobos Castro, ya fallecido -refieren personas que la conocieron-, trabajaba en el Servicio de Impuestos Internos (SII), en una oficina emplazada en el mismo edificio donde está la Intendencia en el puerto. Luego fue trasladado a la sede del SII en Viña del Mar.
Villalobos se casó joven y producto de ese primer matrimonio -del que nacieron cuatro hijos-, por el trabajo de su entonces cónyuge, vivió en varias ciudades de Chile, en San Antonio, Antofagasta y Talca, hasta que esta familia se estableció en Santiago, en 2002. Durante este período, Villalobos era dueña de casa, no trabajaba, pero luego empezó su vida laboral como vendedora y, más tarde, supervisora en una AFP, en la capital.
A la política
Personas que la conocen indican que ya separada de ese primer matrimonio -en 2007, aunque el divorcio data de 2012- comenzaron las incipientes conexiones políticas de Villalobos, teniendo la versatilidad para transitar de la vereda de la centroderecha hacia el gobierno de Bachelet. Por ejemplo, en 2009 aparece un registro de la jurista relacionado con la Municipalidad de Conchalí, en la Corporación de Educación Salud y Atención de Menores (Coresam), posición desde la que en 2011 enfrentó una querella por amenazas (ver recuadro).
Luego, trabajó en el hospital San José de Melipilla, hasta el 2 de mayo de 2013, a partir de lo cual comienza a desempeñarse en el Ministerio de Educación. Registros públicos muestran que, en efecto, en 2014, aparece en la planta de funcionarios del Mineduc, a contrata, como “Relacionador Público Empresarial”, con grado 9, y con una remuneración bruta mensualizada de $ 1,8 millones.
Luego, trabajó en el hospital San José de Melipilla, hasta el 2 de mayo de 2013, a partir de lo cual comienza a desempeñarse en el Ministerio de Educación. Registros públicos muestran que, en efecto, en 2014, aparece en la planta de funcionarios del Mineduc, a contrata, como “Relacionador Público Empresarial”, con grado 9, y con una remuneración bruta mensualizada de $ 1,8 millones.
Sus vinculos políticos llegaron al PPD. Militantes de esa colectividad la sitúan en el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio, hasta 2016. Sin embargo, Adriana Delpiano, ex ministra de Educación, dice que a raíz de las publicaciones, preguntó, y nadie del gabinete de la época la recuerda. Señala además que le parece muy raro el cargo como encargada de relaciones empresariales con el que aparece. “Eso no existe en el Ministerio de Educación”, señala.
Los tiempos
¿De dónde viene el vínculo de Villalobos con Luis Hermosilla? Cercanos al abogado aseguran que ella era parte del equipo que asesoraba a los hermanos Daniel y Ariel Sauer. En una entrevista con La Segunda, Daniel Sauer dijo conocer a Villalobos desde 2016, como “abogada tributaria” externa. Esto, pese a que Villalobos se tituló en 2021. Un registro ante la notaria Valeria Ronchera da cuenta de que el mandato judicial al abogado Luis Hermosilla, firmado por Daniel Sauer Adlerstein, data del 18 de mayo de este año.
Tras su primer matrimonio, Villalobos se casó con Luis Angulo Rantul, quien se desempeñó como asesor en el gabinete de la Subsecretaría de Bienes Nacionales. Su paso por esta cartera expiró esta semana, tras conocerse el audio.
“Estay con nosotros o no estay”: la querella que en 2011 se entabló contra Leonarda Villalobos
En el Poder Judicial María Leonarda Villalobos figura con anteriores causas, en particular una que data de 2011, donde la profesional aparece en calidad de querellada por amenazas. Este caso se remonta a febrero de 2011, cuando un sicólogo, Rodrigo Soto Donoso, se querelló acusándola de amenazas, por hechos que se remontan a 2009.
El profesional parte relatando que en julio de ese año llegó a trabajar a la Corporación de Educación Salud y Atención de Menores de Conchalí (Coresam), a cargo del área de Atención de Menores, como director.
Los problemas comenzaron el 16 de noviembre de ese año, cuando -indica en la acción legal- Villalobos le solicita que imprimiera unas chapitas con recursos del área que él administraba, a lo que él se niega. Según se lee en el texto, Villalobos lo increpó con la frase “a la Karla no la (sic) va a gustar”. La querella señala expresamente que con ello se refería a la diputada Karla Rubilar, cónyuge del alcalde de Conchalí Rubén Malvoa, presidente a su vez de la Coresam en la época de estos hechos.
El sicólogo relata que él mantuvo su postura, no accediendo a la petición. A su vez, él mismo concurrió a la sede de la entonces diputada Rubilar, para que la situación se le aclarase, constatando que se encontraban ahí diversos insumos de la Corporación destinados a la producción de chapas de campaña, incluida una guillotina sacada sin permiso, ante lo cual Villalobos le indica al hombre “estay con nosotros o no estay”, mientras Rubilar no se refiere directamente al tema en presencia del sicólogo.
La querella menciona además que Villalobos se refería de manera jactanciosa al tema como “La Corporación paga”, y que tras comprar insumos de ferretería, a nombre de la Corporación, para pintar un kiosco ubicado en Zapadores con Independencia, la mujer lo amenaza, diciendo “yo hablé con Rubén y la Karla, y me dijeron que quien hacía problemas, se iba no ma... Ahhhh y sin plata, porhue”.
“Desde la ocurrencia de estos hechos y hasta mediados de junio de 2010, la jefa de adquisiciones y logística María Leonarda Villalobos comenta a viva voz, delante de los trabajadores, que soy un flojo, que nunca he trabajado, que mi puesto de trabajo es inapropiado a mi persona, ya que según su relato yo sería homosexual y que he incurrido en robos al interior del área que dirijo”, se lee en la querella.
“Conjuntamente al hostigamiento laboral que se sucedía en mi lugar de trabajo, comienzo a observar que en las inmediaciones a mi domicilio en la comuna de Conchalí, habitualmente era posible observar una camioneta blanca conducida por un funcionario de la Corporación quien es conocido como ‘El Conde Vrolok’, quien se coloca en el sector y ‘vigilaba’ mi vivienda”.
Dado el riesgo a la propia familia, describe el querellante, decidió cambiarse, trasladándose a la comuna de Quilicura.
“Una vez en mi nuevo domicilio comenzaron a llegar mensajes anónimos en los que se amenaza directamente mi vida y la de mi familia (…) y que sin lugar a dudas tienen su origen en la actuación de la querellada Villalobos, dado que he visto en un par de oportunidades en las inmediaciones de mi domicilio a la querellada Villalobos, aun cuando mi vivienda se encuentra bastante alejada y aislada de otros sectores de Quilicura y debiendo tener en consideración que la señora Villalobos tiene su domicilio en la comuna de La Reina y trabaja en la comuna de Conchalí”, relata el escrito.
Esta causa terminó en un cierre de la investigación sin formalización ni cautelares, pues la fiscalía decidió no perseverar en el procedimiento, en octubre de 2011.
Consultada Karla Rubilar, dijo a DF MAS desconocer totalmente estos eventos, pues insistió en que nunca supo de esta querella o acusación, y que nunca fue llamada a declarar, ni siquiera en calidad de testigo, sobre hechos que además se remontan hace más de 12 años.
A su vez, este medio intentó contactarse con Leonarda Villalobos, por mail y teléfono, pero no obtuvo respuesta.
En el plano legal, Villalobos enfrentó en 2007 otra causa caratulada como delito de lesiones menos graves. En este caso, en agosto de 2010, una resolución del Cuarto Juzgado de Garantía da cuenta de que se decretó el “sobreseimiento definitivo en favor del citado imputado, por haberse extinguido su responsabilidad penal”.
Asimismo, hubo otra querella contra Villalobos, por falsificación de instrumento privado y el delito de perjurio, en la que se le acusó de presentar el 6 de mayo de 2016 una solicitud de medida cautelar de cuidado en relación con uno de sus hijos, acompañando una declaración jurada “completamente falsa”, dice esta acción.
En el Poder Judicial María Leonarda Villalobos figura con anteriores causas, en particular una que data de 2011, donde la profesional aparece en calidad de querellada por amenazas. Este caso se remonta a febrero de 2011, cuando un sicólogo, Rodrigo Soto Donoso, se querelló acusándola de amenazas, por hechos que se remontan a 2009.
El profesional parte relatando que en julio de ese año llegó a trabajar a la Corporación de Educación Salud y Atención de Menores de Conchalí (Coresam), a cargo del área de Atención de Menores, como director.
Los problemas comenzaron el 16 de noviembre de ese año, cuando -indica en la acción legal- Villalobos le solicita que imprimiera unas chapitas con recursos del área que él administraba, a lo que él se niega. Según se lee en el texto, Villalobos lo increpó con la frase “a la Karla no la (sic) va a gustar”. La querella señala expresamente que con ello se refería a la diputada Karla Rubilar, cónyuge del alcalde de Conchalí Rubén Malvoa, presidente a su vez de la Coresam en la época de estos hechos.
El sicólogo relata que él mantuvo su postura, no accediendo a la petición. A su vez, él mismo concurrió a la sede de la entonces diputada Rubilar, para que la situación se le aclarase, constatando que se encontraban ahí diversos insumos de la Corporación destinados a la producción de chapas de campaña, incluida una guillotina sacada sin permiso, ante lo cual Villalobos le indica al hombre “estay con nosotros o no estay”, mientras Rubilar no se refiere directamente al tema en presencia del sicólogo.
La querella menciona además que Villalobos se refería de manera jactanciosa al tema como “La Corporación paga”, y que tras comprar insumos de ferretería, a nombre de la Corporación, para pintar un kiosco ubicado en Zapadores con Independencia, la mujer lo amenaza, diciendo “yo hablé con Rubén y la Karla, y me dijeron que quien hacía problemas, se iba no ma... Ahhhh y sin plata, porhue”.
“Desde la ocurrencia de estos hechos y hasta mediados de junio de 2010, la jefa de adquisiciones y logística María Leonarda Villalobos comenta a viva voz, delante de los trabajadores, que soy un flojo, que nunca he trabajado, que mi puesto de trabajo es inapropiado a mi persona, ya que según su relato yo sería homosexual y que he incurrido en robos al interior del área que dirijo”, se lee en la querella.
“Conjuntamente al hostigamiento laboral que se sucedía en mi lugar de trabajo, comienzo a observar que en las inmediaciones a mi domicilio en la comuna de Conchalí, habitualmente era posible observar una camioneta blanca conducida por un funcionario de la Corporación quien es conocido como ‘El Conde Vrolok’, quien se coloca en el sector y ‘vigilaba’ mi vivienda”.
Dado el riesgo a la propia familia, describe el querellante, decidió cambiarse, trasladándose a la comuna de Quilicura.
“Una vez en mi nuevo domicilio comenzaron a llegar mensajes anónimos en los que se amenaza directamente mi vida y la de mi familia (…) y que sin lugar a dudas tienen su origen en la actuación de la querellada Villalobos, dado que he visto en un par de oportunidades en las inmediaciones de mi domicilio a la querellada Villalobos, aun cuando mi vivienda se encuentra bastante alejada y aislada de otros sectores de Quilicura y debiendo tener en consideración que la señora Villalobos tiene su domicilio en la comuna de La Reina y trabaja en la comuna de Conchalí”, relata el escrito.
Esta causa terminó en un cierre de la investigación sin formalización ni cautelares, pues la fiscalía decidió no perseverar en el procedimiento, en octubre de 2011.
Consultada Karla Rubilar, dijo a DF MAS desconocer totalmente estos eventos, pues insistió en que nunca supo de esta querella o acusación, y que nunca fue llamada a declarar, ni siquiera en calidad de testigo, sobre hechos que además se remontan hace más de 12 años.
A su vez, este medio intentó contactarse con Leonarda Villalobos, por mail y teléfono, pero no obtuvo respuesta.
En el plano legal, Villalobos enfrentó en 2007 otra causa caratulada como delito de lesiones menos graves. En este caso, en agosto de 2010, una resolución del Cuarto Juzgado de Garantía da cuenta de que se decretó el “sobreseimiento definitivo en favor del citado imputado, por haberse extinguido su responsabilidad penal”.
Asimismo, hubo otra querella contra Villalobos, por falsificación de instrumento privado y el delito de perjurio, en la que se le acusó de presentar el 6 de mayo de 2016 una solicitud de medida cautelar de cuidado en relación con uno de sus hijos, acompañando una declaración jurada “completamente falsa”, dice esta acción.