La crisis de las parcelaciones es un hecho en nuestra región, donde el crecimiento acelerado de este tipo de loteos y la falta de regulación han generado un gran impacto ambiental. En este escenario, algunos proyectos están planteando nuevos modelos de conservación que prometen ser sostenibles económicamente y que en su implementación han pensado y resuelto temas que siempre han sido difíciles, como la gestión de residuos, el agua potable y la energía.

De cancha de golf a bosque protegido

En Valle de Bravo, a dos horas de Ciudad de México, está el caso de la Reserva Las Peñitas, un proyecto gestionado por el arquitecto Alberto Kritzler que compró este terreno para salvarlo de convertirse en una cancha de golf.

Con 100 hectáreas de bosque protegido, 80 hectáreas para 80 familias, 10 para granja y espacios públicos, tiene como foco la protección del agua: hay 15 lagunas que captan 30 millones de litros de agua caída y todas las casas están obligadas a que sus techos capten la lluvia. “Quien compra una hectárea tiene que comprar otra de bosque y sólo puede utilizar el 3% de su terreno”, agrega Kritzler.

La arquitecta Claudia Rodríguez, que diseñó el plan maestro, comenta que se hizo un reglamento de paisaje, arquitectura y obra, que busca construir una unidad y proteger. “Se norman desde los materiales de pavimentos hasta la paleta de vegetación que se puede plantar”.

A pesar de que existen lagunas de aguas lluvia para toda la comunidad, cada casa tiene la responsabilidad de abastecerse de su agua potable a través de la captación, almacenamiento y tratamiento. “Para regular primero fijamos las cosas que no se podían transar y luego donde sí se podía permitir la exploración”, señala Rodríguez.

Uno de los grandes desafíos de este proyecto ha sido no convertirse en una gated community, es decir, no caer en la idea de condominio cerrado sólo para sus propietarios. Para eso, decidieron dejar una parte pública. “Toda la franja de terreno que da a la carretera es privada, pero con acceso público, tenemos un programa agrícola, un café y talleres”, comenta Kritzler que, reconoce, aún les falta mucho en esta materia.

Hoy la comunidad de vecinos está compuesta por gente afín que siente que tener su segunda vivienda ahí no es sólo una forma de desconectar de la ciudad, sino que también les permite tener un rol activo en la gestión medioambiental. Algunos arquitectos de renombre mexicanos encargados de diseñar algunas de las casas, como Javier Sánchez o Fernanda Canales, terminaron comprando un terreno.

La legislación chilena

“En Chile no tenemos maneras de habitar lo rural, no existen ni mecanismos para fundar nuevos pueblos”, dice Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, quien ha venido estudiando este tema hace años. Allard enfatiza en los vacíos e incongruencias que posee la normativa y propone mirar ejemplos internacionales que plantean definir la superficie predial mínima y destinar al menos un 50% de la superficie a usos agrícolas o de conservación mediante DRC.

La legislación actual chilena desconoce que el área rural tiene una superficie equivalente al 98,7% del territorio continental y se aplica por igual en el desierto de Atacama o en la Patagonia. La norma parte de la base de que toda la ruralidad debe tener una finalidad agrícola, ganadera o forestal.

Un proyecto sostenible en Valdivia

En el sur, las dos ciudades que se han visto más afectadas por esta crisis son Valdivia y Puerto Varas. En la primera, los proyectos fueron paralizados por la alcaldesa Carla Amtmann. “Paralizar no es una política pública, es una medida urgente frente a un problema que nadie ha querido abordar”, explica. En la segunda, su alcalde Tómas Gárate, que también ha tenido que paralizar varios proyectos, hace énfasis en que se debe modificar la ley y reconocer zonas habitacionales intermedias que hoy no existen.

Es precisamente en la capital de la Región de los Ríos donde se está gestando el proyecto Isla San Francisco, resguardado bajo el Derecho Real de Conservación, con más del 80% destinado a conservación y agricultura y menos del 20% para uso residencial habitable. Está planteado como un proyecto de habitabilidad sostenible, con un huerto biointensivo de 4.000 m2 capaz de producir 40 toneladas de alimento al año. “La seguridad y soberanía alimentaria es uno de los objetivos principales y pilares del proyecto”, comenta Antu Ríos, experto en agricultura regenerativa y administrador agrícola de la isla.

Para definir sus lineamientos y antes de empezar el trabajo, invitaron a la comunidad valdiviana a talleres donde han participado historiadores, periodistas, arquitectos y científicos. El Plan Maestro ha estado a cargo de CSM Design, quienes diseñaron el Parque Tricao en la Quinta Región, y el manejo de residuos estará a cargo de Kyklos Cultura Ambiental.

Sus desarrolladores Gonzalo Cubillos, Cristian Feuereisen, Egon Simon y Anne Simon creen que la forma de habitar el territorio tiene que cambiar y que ya no se pueden seguir abordando los proyectos inmobiliarios como se ha venido haciendo en los últimos 50 años.

El proyecto plantea una importante parte pública: se proyecta la realización de talleres de huerta regenerativa, habrá espacios en arriendo para residencias artísticas e incluso un HUB para la investigación. “Creo que nuestra aspiración es la de instalar una idea que resulte y quizás convertirnos en referentes, eso es lo que más nos mueve”, agrega Gonzalo Cubillos.