Una nueva política de alcohol y drogas, una quitada de privilegios a los sindicatos para nombrar a los trabajadores eventuales de turnos de trabajo, y una reducción de costos, tiene en pie de guerra a los trabajadores portuarios del Puerto de Coronel, la empresa controlada por los Angelini, Von Appen y Elgueta que ha complicado a todos los terminales del Biobío. 

Esta semana se cumplió un mes de paralización que ha dejado más de US$ 75 millones en pérdidas, y el aumento de costos para las empresas al tener que enviar la carga a otros puertos del país, así como atrasos en los envíos, por ejemplo, de buques con carga argentina. 

El origen del conflicto es una querella que presentó la nueva administración del puerto, comandada por Patricio Román, que llegó en noviembre del año pasado, luego de que denunciara eventuales hechos de corrupción al interior de la empresa.

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Allí, acusó al expresidente del directorio y fundador de la empresa, Eduardo Hartwig Iturriaga, de supuestos sobornos al alcalde de Coronel, Boris Chamorro, a un concejal y a dirigentes sindicales del puerto a través de la emisión de facturas ideológicamente falsas. Todos hechos investigados por el Ministerio Público. 

Dentro de los pagos a los sindicatos, de entre $ 10 y $ 12 millones según la querella, estarían las condiciones para que sean estos organismos los definan quiénes trabajan en turnos eventuales (tareas esporádicas dentro del puerto) y quiénes no. 

De hecho, en una ampliación de la querella de este mes, la empresa apuntó al “poder con que cuentan algunos dirigentes, quienes, de facto, se han atribuido por sí y ante sí amplios márgenes de discrecionalidad para decidir quién trabaja y quién no, imponiendo a la Compañía sus particulares y antojadizos intereses, entorpeciendo la administración de Puerto Coronel y privándola de definir el personal en función de criterios objetivos y meritocráticos.

La complejidad de que estas personas se hayan arrogado la facultad de decidir quién trabaja podría quedar puesta de relieve con aún mayor claridad si, en definitiva, la investigación que está efectuando el Ministerio Público confirma que el Sr. Soto junto a otros dirigentes (incluido el querellado Jaque) recibieron pagos improcedentes en su beneficio por parte de la antigua administración de la Compañía”, explicó la firma.

En su ampliación de querella también denuncian supuestas licencias falsas presentadas por trabajadores y acompañó imágenes de empleados con licencia protestando o bloqueando los accesos al puerto. “Incluso, hay casos de médicos emisores que registran domicilio en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo, y otras regiones del país”, apuntó. 

Denuncias de trabajadores ejerciendo sus labores tras haber consumido alcohol y drogas hicieron que la compañía actualizara su política sobre este tema. 

A inicios de febrero de 2024 se comenzó a implementar una nueva Política de Alcohol y Drogas para trabajadores portuarios, aprobada previamente ya en septiembre de 2023.

“La nueva Política -que por lo demás había sido ampliamente difundida desde fines del 2023- intensificó los controles existentes al interior del puerto en relación con el consumo de alcohol y drogas durante el desarrollo de las faenas, a fin de garantizar un entorno laboral libre de sustancias que puedan comprometer la seguridad del trabajo”, dice la querella. 

En febrero comenzaron testeos a los trabajadores. “Esta situación en particular -la realización de chequeos- habría generado malestar al interior de ciertas facciones de trabajadores portuarios eventuales, quienes se oponían a la efectiva implementación de la Política, así como también a la aplicación de sanciones para los infractores de la misma”. 

Precisamente la Política de Alcohol y Drogas fue invocada como motivo primario por ciertos grupos de trabajadores portuarios para organizarse y ralentizar los procesos operativos de Puerto Coronel a fines de la semana del 18 de marzo de 2024 en lo que se llama “ruedas cuadradas”, donde hacen sus tareas mucho más lentas y atrasan todos los despachos del puerto. 

Pero el martes 26 de marzo, alrededor de las 13:30 horas, comenzaron los bloqueos. 

El 22 de abril el Puerto lanzó una nueva propuesta. Si hay un caso positivo se suspende por 30 días al trabajador; si la contramuestra es negativa puede volver a trabajar; si la contramuestra es positiva mantiene sanción por 30 días; al volver debe ser testeado al ingreso y posteriormente los 10 turnos siguientes; una persona que es testeada positiva por segunda vez deberá someterse a tratamiento para poder reingresar al puerto. “No habrá tercera oportunidad”, dice el comunicado interno. 

Los trabajadores han dicho que la empresa busca generar desempleo y condiciones desfavorables para los trabajadores eventuales del puerto, además de disminuir la unidad sindical y que su manifestación no es por la política de alcohol y drogas sino por la designación de menos turnos. DF MAS intentó conocer la versión de un dirigente sindical, pero no respondió los mensajes enviados.