El dogmatismo, falta de empatía con tirios y troyanos y una verbalizada superioridad moral han formado un cóctel que transformó a Giorgio Jackson en la bête noire de la oposición (y de no pocos oficialistas).

Eso explica que se hayan embestido enceguecidos contra él sin pensamiento estratégico alguno con una acusación constitucional particularmente débil desde el punto de vista legal, apelando solo a la emocionalidad de asestar un golpe al corazón frenteamplista. Lejos de ello, se terminó dando un respiro al gobierno y sacando un ladrillo más en la ya debilitada institucionalidad. Para la próxima, dedo en la sien y pequeños golpes rítmicos. Pensar más.

Quizás el único logro valioso de la acusación fue presenciar el desparpajo con que las huestes gobernantes salieron a criticar exactamente lo mismo que ellos realizaron hasta el hartazgo en el gobierno anterior. La abogada de Jackson llegó a decir en el Congreso Nacional, con un pálido Giorgio a su lado, que “el mal uso de una acusación constitucional horada nuestras instituciones y pone en riesgo nuestra democracia”, solo faltaron las risas grabadas de las sitcoms gringas para completar el cuadro de tragicomedia.

Es imposible no recordar que en la cumbre de la pérdida de la razón durante el gobierno anterior se llegó a acusar constitucionalmente al ministro Raúl Figueroa por impulsar con valorable persistencia y denuedo que niños y niñas volvieran a clases presenciales, luego del prolongado período de suspensión por la pandemia. Por supuesto esa acusación contó con el firme e irrestricto apoyo de Giorgio, el Presidente Boric y compañía.

Ese flashback es especialmente amargo dada la crisis profunda y descorazonante que sufre hoy la educación en los sectores más vulnerables. El propio ministro del ramo Marco Antonio Ávila ha reconocido que la tasa de desescolarización de alumnos entre primero a tercero básico está en un guarismo récord.

Esto está directamente vinculado a los exitosos esfuerzos del Colegio de Profesores, apoyados por la entonces oposición, de impedir la reanudación de las clases presenciales. Este no es un daño que se resuelva con palabrería y ganas, se requieren recursos y medidas urgentes para intentar paliar en algo la herida infligida a una generación que verá conculcadas sus oportunidades de desarrollo personal.

Fue a través de una acción personal del exministro Ignacio Briones, quien lleva un tiempo predicando solo en el desierto al respecto, que finalmente logró remover en algo las prioridades de las autoridades y terminó siendo parte él junto a otros próceres de una comisión que abordará el tema. El villano invitado de la comisión: el presidente del Colegio de Profesores.

Hoy que el péndulo se ha devuelto con una fuerza y velocidad inesperada para toda la sociedad y tras una fallida acusación constitucional que muestra que acusados y acusadores simplemente usan el argumento que les conviene y que tienen a mano con poco cariño por la institucionalidad, es hora de preguntarse cuáles son los límites de la acción política.

Si en el pasado los niños más vulnerables del país fueron usados como carne de cañón para conseguir dañar al gobierno de turno, pareciera estar claro que no son las consideraciones éticas las que van a detener el incesante intento de golpear al gobierno de turno. Más aún si esto lo hicieron quienes se consideran a sí mismos moralmente superiores, qué queda para el resto de simples humanos llenos de fallas y miserias.