Han sido días agitados para la administración Boric, con el caso Fundaciones, el robo de computadores y la acusación por violencia intrafamiliar en contra del ideólogo del Frente Amplio Carlos Ruiz. Por eso, tal vez, a Camila Vallejo se le ve cansada, aunque siempre energética para defender la labor del gobierno.

“Nos quedan dos años y medio, así es que créame que entusiasmo no nos falta para seguir avanzando en lo que tenemos pendiente para la gente”, dice, siempre en su tono suave y reflexivo.

En esta entrevista, defiende a su compañero de ruta Giorgio Jackson; alega en contra de la oposición por establecer condiciones para sentarse a conversar y vuelve a empujar la comisión en contra de la desinformación a pesar de las críticas transversales. 

-Por el rol que me toca, sé muy bien que tengo que enfrentar permanentes crisis o conflictos. Estamos viviendo en momentos donde se hace cada vez más difícil administrar un gobierno, por la inmediatez, la polémica fácil, la comunicación adversarial, el debate muy colérico en lo social, en lo político. Pero es parte de lo que significa asumir el desafío de gobernar. Ahora, a pesar de las polémicas, los propios errores y los autogoles, estamos avanzando. En un escenario bien convulso, sacamos las 40 horas que parecían imposibles. Lo mismo con el histórico aumento del salario mínimo a $ 500.000. Hemos sacado adelante lo del copago cero y se están recuperando las expectativas económicas. Pese a estar en un escenario complejo, a que somos un gobierno de minoría parlamentaria y a pesar incluso del último caso que ha puesto en cuestión los temas asociados a probidad en el Estado, estamos avanzando. 

-Respecto del tema convenios, ahí subyace un debate bien de fondo, que es el rol de los colaboradores privados sin fines de lucro y cuánto en la política pública y en el debate legislativo tiende a abusarse de esas herramientas, porque no se quiere fortalecer las capacidades del Estado, en la solución de problemas de fondo de la calidad de vida de la gente, como el problema asociado a la vivienda. Hemos creído que todo se puede resolver mediante el traspaso de recursos a privados. También creo importante poner el punto en que estas platas no están perdidas: están siendo recuperadas y tienen que ser rendidas, porque además ninguna fundación sin fines de lucro puede llevarse recursos para su casa. 

-Creo que durante mucho tiempo no se ha discutido o no se ha tratado de entrar a la discusión de fondo sobre cómo el Estado resuelve el problema de los campamentos.

-Exactamente. ¿Por qué el Estado no lo hace? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos.

-Demasiado grande y lento. Porque para ejecutar gasto tiene una serie de procedimientos y rendiciones. Entonces la pregunta es: ¿hacemos que siempre todo recaiga en privados con fines de lucro, mediante licitación, o sin fines de lucro mediante este tipo de convenios? O también nos preocupamos de cómo modernizamos el Estado. Al final, no se trata de si todo lo hace el Estado o si seguimos sólo privatizando, sino del rol del Estado y el carácter del Estado: no tiene que ver sólo con su tamaño, sino que también con su eficiencia y eficacia para poder llegar a las personas, tener mayor cercanía y llegar a resolver problemas que son sociales y que no pueden depender siempre del ánimo de lucro de una empresa que quiere hacer una inversión. En medio del caso Convenios, tenemos una oportunidad para mejorar. Por eso es muy valorable el trabajo que está haciendo la comisión de expertos.

-Es importante resaltar que no sólo tenemos un programa de gobierno, tenemos urgencias y emergencias que se han presentado y que implican que destinemos esfuerzos, recursos y tiempo a resolver incendios, inundaciones. Eso ha implicado un despliegue del gobierno, de los recursos del Estado, para poder atender esas urgencias. Lo mismo con la agenda de seguridad, lo mismo con el tema de migración. Con todas esas dificultades hemos logrado sacar algunos cumplimientos del programa de gobierno, pero existe y queda por hacer. Pero eso no depende sólo de una generación, ni de un Presidente ni del gobierno. Depende en gran parte a propósito del realismo político de conseguir las mayorías en el Congreso y conseguir también que el debate político sobre los cambios sea asumido por los representantes de la sociedad civil.

-No todos los gobiernos han gobernado con dos coaliciones, ni han tenido que gobernar con los niveles de inflación que nos tocó a nosotros. No todos los gobiernos han tenido que enfrentar esta situación migratoria que heredamos; y no siempre se gobierna con minoría parlamentaria.

-Todos tienen sus dificultades. 

La declaración de Democracia Viva al ingresar recurso de reposición: "La información que ha dado el Minvu es parcial" 

-Primero los cambios los determina el Presidente y hace muy poquito me tocó señalar a nombre del Presidente que no iba a haber cambio de gabinete. Creo que la pregunta tiene que ir por otro lado: si tenemos un ministro de Estado que fue calumniado por parte de un sector de la oposición sobre la supuesta comisión de delitos que no cometió; que ha sido criticado por militar en un partido a propósito de que hubo militantes de ese partido que se vieron involucrados en el caso Convenios. Si estamos de acuerdo en que no se puede juzgar a una autoridad política sólo por el hecho de ser militante de un partido que ha tenido militantes involucrados en un caso de corrupción, porque si no estaríamos pidiendo la cabeza a varios presidentes de partidos de la oposición. Esa no es una lógica sana en el debate público y no es un criterio para medir o evaluar o exigir responsabilidades políticas. Porque hoy es un ministro de Estado, mañana un parlamentario o un representante de partido. Al final, para un sector el problema del ministro Jackson es su cercanía con el Presidente. Por eso se le cuestiona, por eso se le quiere sacar. Eso, la verdad, no es una razón suficiente. 

-Lo que entorpece es que haya una fijación con el ministro Jackson. Que haya una fijación por discutir sólo si es que me gusta o no el ministro Jackson, en vez de estar discutiendo sobre los temas que le interesa al país. Lo que entorpece es que haya un partido que decida salirse de la discusión sobre cómo aumentamos las pensiones porque el ministro Jackson no sale. No necesitamos eso en política. 

-Por eso nuestro esfuerzo ahora está en el pacto fiscal, en la reforma de pensiones. Si es que hay un partido que no quiere avanzar o define obstruir una reforma quizás es mejor que no esté en el debate y que estén aquellos partidos y parlamentarios que sí quieren avanzar a pesar de las diferencias. Ahí está nuestra vocación y nuestro ánimo. Pero cada uno tendrá que a los chilenos por la decisión que tome.

-Creo que… me carga autoevaluarme públicamente. Pero pienso que falta salir más. Pero a veces la contingencia hace que se dedique mucho tiempo a resolver conflictos o evitar que se generen y eso quita la posibilidad del despliegue en entrevistas y más terreno. Creo que se requiere una mejoría en eso, pero para ello obviamente hay que (…) no sé, quizás tener equipos que puedan resolver más eso. Entre los aciertos, hemos podido posicionar más ministerios en lo comunicacional. 

-O sea, me toca hablar más de los problemas que de otra cosa. Si algo me toca a mí es hacer vocería en los momentos críticos, permanentemente. El problema de eso era que los ministerios sectoriales de donde venían los problemas no salían a hablar y llegaba todo a La Moneda. Creo que eso ha ido cambiando, pero mi trabajo siempre es tener que salir a dar respuestas frente a los momentos difíciles. Otra cosa es ser responsable en las declaraciones. La tarea de un vocero o vocera, es tener vocerías cuidadas, porque si cometes errores comunicacionales, le pegan directamente al Presidente. Ese es el trabajo que él me pidió.

-Muy cizañera esa opinión, pero yo llamaría a ver los sistemas de vocería que tenemos. En estas cosas, el gobierno toma decisiones y ordena, y cuando hay casos asociados a ministerios sectoriales, corresponde que los ministerios sectoriales tengan una vocería. Lo ha hecho el ministro Montes para aclarar puntos, para tomar decisiones, y el ministro de Justicia (Luis Cordero) porque él tiene un rol que jugar en la parte jurídica.

-(Se ríe) Me ha tocado un par de veces hacer eso... tengo una muy buena relación con el Presidente. Pero tiene un equipo, en el que confía mucho, su comité político. Por ejemplo, el ministro Marcel, con su experiencia nos lleva muchas veces a la calma, en momentos complejos nos recuerda que algunas crisis también las vivieron otros gobiernos, como para entender que somos parte también de un tránsito histórico.
La ministra Carolina Tohá también: tiene mucha firmeza, mucha inteligencia. O Jeannette Jara que siempre pone en el centro a los trabajadores y trabajadoras; o la ministra Orellana, que entrega la perspectiva feminista y de género en las discusiones. El propio ministro Elizalde y su mirada estratégica para ver la política. Todos estamos permanentemente cerca del Presidente. Él ha logrado armar un buen equipo político para pensar no sólo la coyuntura, sino que en el futuro y para mantener bien la brújula.

-Esta es una comisión para que, desde el mundo de la academia, de aquellos que han investigado en el fenómeno de la desinformación puedan entregarnos respuestas o quizás hacer las preguntas pertinentes también, para empezar a pensar en políticas públicas o en medidas para enfrentar un fenómeno que es global y que a nivel internacional se está abordando dado que amenaza a las democracias y que está generando un daño o perjuicio.
 

-Pero la comisión está impugnada en el TC, y ha sido criticada transversalmente por parlamentarios de oposición y de gobierno. 

-Porque hay quienes no quieren hablar sobre esto, hay quienes han decidido enfrentarse a una comisión que sólo es asesora, porque al parecer quieren mantener en tabú el problema de la desinformación. A nosotros como gobierno nos parece que lo tenemos que enfrentar.

-No, en absoluto. Yo soy ministra de Estado, la ministra Aisén Etcheverry es ministra de Estado y lo que nos interesa es poder construir un debate serio y responsable sobre este fenómeno de la desinformación, independiente de la militancia. 

-No quisimos que existiera la lógica del cuoteo político, porque algunos pedían que hubiera una comisión básicamente representada por las distintas fuerzas políticas y nosotros tomamos una decisión distinta. Nosotros consideramos que era importante no el cuoteo para la conformación de una comisión asesora, sino que la participación de expertos y expertas que fueran un aporte contundente al debate.

-La verdad, es que hoy no tengo clara su posición política. No preciso el peligro. Esta es una comisión asesora. Las cosas que pueden atentar contra la libertad de expresión o pueden generar censura son acciones desde el Estado, y esto no tiene la capacidad de hacer eso, porque no tiene el rango jurídico para establecer un proyecto de ley, tomar medidas o hacer decretos en lo absoluto.

-Entonces, ¿a qué se debe la crítica transversal? Será porque en el fondo usted es comunista y hay algunos de esos regímenes que no son proclives a resguardar la libertad de expresión.

-Habría que preguntarle a él (Pavlovic), porque no dijo aquello. Pero su opinión no es compartida por el gobierno. El gobierno -así como la OCDE, la Unesco y los organismos internacionales- creemos que hay que abordar este problema y que los Estados tienen que garantizar justamente, por su responsabilidad, la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información.

-O sea, el Congreso podría perfectamente sacar un proyecto censurador y sería el mismo problema.

-Esa es una opinión política. El debate político es legítimo y necesario. Tú no puedes censurar un debate político. En eso hay que saber diferenciar las cosas. Algunos creen que la Comisión para abordar la desinformación va a buscar censurar porque creen que se les va a limitar su opinión política, y eso no es así.

-Insisto que es una opinión política.

-No me voy a pronunciar sobre un alcalde en particular. Además, yo soy vocera de gobierno, no del partido ni de él. Como gobierno nos interesa que las instituciones funcionen, que los casos con probidad administrativa se puedan esclarecer o tomar las medidas correspondientes. Toda autoridad y toda persona tiene, como cualquier ciudadano, el derecho a defenderse y que la justicia actúe.

-El Presidente ha propuesto un compromiso, a firmar por los derechos humanos, por la defensa de la democracia a propósito de los 50 años. Me parece absolutamente necesario que se haga eso.

-Es que es una invitación. En los 50 años de efectuado el golpe civil y militar que rompió con nuestra democracia, que buscó exterminar a personas por pensar distinto, que violó sistemáticamente los derechos humanos, que censuró medios de comunicación; cómo el Presidente de la República no va a hacer una invitación a todas las fuerzas políticas a comprometerse con el nunca más. Los problemas de la democracia, como él siempre lo ha dicho, se resuelven con más y mejor democracia y nunca, nunca nunca, con menos.