En Bruselas, Bélgica, el 20 de enero de 2023 llegó hasta el consulado chileno Juan Carlos Petersen Widmer. Ante el cónsul Gonzalo Layseca firmó un poder para que los abogados chilenos Carlos Cortés y Sergio Rodríguez se querellaran contra Álvaro Saieh, Jorge Andrés Saieh, María Catalina Saieh, Cristóbal Cerda y Pilar Dañobeitía por supuestos delitos reiterados de otorgamiento de contrato simulado en torno al bono de CorpGroup Banking donde él era acreedor. 

Petersen, según la acción judicial, invirtió US$ 1.320.000 en los papeles del empresario y hasta hoy es uno de los dos únicos querellantes que no se han desistido a la acción penal que sigue la Fiscalía Metropolitana Oriente.

El resto, que sumaron 72 en total, se fueron bajando uno a uno ante la amenaza latente de que serían forzados a retractarse por la Corte de Quiebras del Distrito de Delaware, Estados Unidos, tal como la jueza Kate Stickles, que lideró el proceso de Chapter 11 de Corp Group Banking, le ordenó a MBI que lo hiciera en octubre del año pasado. El otro único querellante que no se ha desistido hasta este viernes es Patricio Tagle. 

[Nota actualizada martes 30 de enero: El tribunal informó este lunes que Patricio Tagle se había desistido de la acción judicial]

El hombre de la leche 

Petersen tiene 48 años, es Licenciado en Economía y Administración y tiene un MBA, y por 10 años, entre 2008 y 2018 estuvo vinculado al mundo lechero, aunque antes fue gerente general de Salmonfood. 

Primero estuvo en Manuka, la firma lechera donde participan accionistas neozelandeses y chilenos, entre ellos desde 2017 Nicolás Ibáñez. Ahí fue gerente general. Entre 2008 y 2015 Petersen fue quien lideró el proceso de crecimiento y consolidación de la productora lechera más grande del país y una de las más relevantes de Latinoamérica. Entonces, tenía una operación de 23 mil hectáreas entre Los Lagos y Los Ríos, y en total manejaban 43 lecherías. 

Por su buen desempeño levantó una buena impresión de otra operadora de la zona, Prolesur, que era filial de Soprole, entonces en manos de la cooperativa neozelandesa Fonterra, y se lo llevaron como gerente general. 

Quienes compartieron con él bajo su gestión recuerdan su profesionalismo y seriedad. Sin embargo, una auditoría interna que realizó apenas arribó arrojó irregularidades que destaparon querellas cruzadas y una venta de la empresa. 

Una querella de la Fundación Isabel Aninat, entonces accionista de Prolesur reveló ilícitos que Petersen habría descubierto: la acusación establecía que Soprole adeudaba una millonaria suma a Prolesur pero que se había pagado irregularmente. 

En su contra, Fonterra lo acusó de ser el responsable de millonarias pérdidas financieras y el término de valiosos contratos con el Estado chileno. 

El caso forzó querellas cruzadas, que terminaron con Fonterra comprando la participación a la Fundación y luego vendiendo Soprole y Prolesur al grupo peruano Gloria, el año 2022, en una operación de US$ 210 millones más pago de deudas.

Petersen se fue a vivir a Bélgica y sigue invirtiendo en negocios, como el bono de Saieh, que lo vio como una oportunidad atractiva y que concretó como inversión personal. Pero no pierde sus vínculos con Chile. De hecho, en agosto del año pasado, a través de su sociedad Inversiones Chufquen, solicitó un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas, de carácter consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, para consumo humano y de extracción mecánica, desde un pozo profundo ubicado en el acuífero Río Valdivia en la Región de los Ríos, donde tiene una vivienda. 

En 2021, dio una entrevista a El Mercurio en la que ponía en duda que Saieh fuera a pagar. “Llevamos nueve meses confiando y esperando respuestas de un instrumento que está en default; el grupo Saieh ha declarado que van a pagar, que van a actuar responsablemente, que pronto van a llegar a acuerdo, y han aludido a Itaú Brasil como una parte fundamental en este proceso, con el que tienen que llegar a acuerdo primero, pero seguimos sin respuestas”, explicó. 

Hasta hoy, dicen fuentes cercanas, está muy molesto con el empresario y ha dicho que no cesará en buscar que le paguen lo que le deben. 

El doctor Tagle

Patricio Enrique Tagle Madrid invirtió con Saieh la suma de US$ 95.000. Y hasta este lunes fue querellante en la causa. 

Tagle es médico, y un reconocido neurocirujano alejado de los focos del mundo financiero. De hecho, en diciembre pasado recibió la medalla Dr. Harvey Cushing en Neurocirugía en Antofagasta por sus aportes a la disciplina. 

Según una semblanza que hicieron de él en la ocasión, Tagle nació en Santiago en 1945; tras completar sus estudios básicos y medios, graduándose el año 1959 con sólo 15 años, ingresó a estudiar medicina a la Universidad Católica de Chile, donde completó su formación como médico cirujano.

Luego de finalizar sus estudios de pregrado realizó su residencia en neurocirugía en el Hospital Clínico de la misma institución, pasando a formar parte del departamento de neurocirugía como staff en 1975. Tras desempeñarse algunos años como neurocirujano general, en 1979 viajó a Francia, donde realizó una estadía de dos años en el CHU d’Amiens. Ahí, además de profundizar sus conocimientos y habilidades neuroquirúrgicas, pudo dedicar tiempo a una de sus mayores pasiones: la historia. 

Tagle trabajó en la Clínica UC San Carlos de Apoquindo por muchos años, y en la Facultad de Medicina de la Católica. Ha publicado 167 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, ha escrito ocho capítulos de libros, y ha dictado más de 70 conferencias en reuniones científicas internacionales. 

Los otros desistidos

Los otros 70 querellantes que se han bajado han dado casi todos la misma explicación. La decisión de la jueza de Delaware de ordenar a MBI bajar la demanda y pagar las costas, que se estiman en cerca de US$ 2 millones. 

El último fue Inversiones Tarbut, sociedad perteneciente al exdiputado David Farcas. 

En el escrito, su abogado Sergio Rodríguez dijo: “Mi representado interpuso querella criminal que se tramita en este proceso, requiriendo la investigación de hechos que presumiblemente constituirían delitos. La Corte de Quiebras del Distrito de Delaware (...) estableció que las pretensiones vertidas en la querella criminal interpuesta por MBI Servicios Financieros Ltda., eran incompatibles con lo resuelto ante esa jurisdicción, con ocasión del acuerdo alcanzado en el llamado Chapter 11 de Corp Group Banking, por lo que ordenó retirar la querella presentada por esa sociedad y hacerse cargo de los honorarios y gastos razonables referidos a esa moción”.

Y agregó que Tarbut, al igual que MBI es acreedor y, por ende, está incluido en el Chapter XI. “Con fecha 28 de noviembre de 2023 hemos recibido una comunicación de los abogados americanos de los querellados en la cual insta a desistirse de la acción interpuesta, bajo la explícita amenaza de efectuar una presentación similar a la ya efectuada ante la Corte de Quiebras de Delaware en contra de MBI Servicios Financieros Limitada y sujeto a ser apercibidos a pagar los honorarios y costos razonables asociados a esa presentación. 

En esas circunstancias, ante el temor de ser objeto de sanciones pecuniarias ante la Corte de Quiebras del Distrito de Delaware, Estados Unidos, y sin que se haya modificado su convicción en orden a que los investigados son hechos que presumiblemente constituyen delitos, mis representados ya individualizados en este escrito, me han instruido el desistimiento no voluntario de las querellas criminales presentadas en esta carpeta judicial”.

Además, adjuntó una transcripción de lo dictado por la jueza Stickles.

“Nuevamente, el Comité, del cual MBI era uno de los tres miembros, propuso perseguir estas causas de acción en nombre de los patrimonios de los deudores y finalmente llegó a un acuerdo sobre estas reclamaciones en nombre de todos los acreedores no garantizados. La naturaleza cuasicriminal no cambia el resultado aquí. Como señaló la parte, el fiscal chileno aún puede perseguir cualquier causa de acción contra los solicitantes, pero el plan prohíbe a MBI recuperar indemnizaciones monetarias basadas en la misma causa de acción del patrimonio que se resolvieron bajo el plan. El hecho de que MBI aún no haya buscado indemnizaciones es irrelevante porque MBI puede buscar esas indemnizaciones en el futuro. Cualquier indemnización monetaria aumentaría la distribución del plan de MBI y sería inequitativa para otros titulares de la Clase 7(b); como resultado, el Tribunal encuentra que la querella viola la prohibición del plan y debe ser retirada. MBI, en este caso, no puede tener una segunda oportunidad”, dijo la magistrada.

Sin embargo, otro desistimiento, del 29 de diciembre, tiene un tenor diferente. 

Inversiones Bugatti, representada por Rodrigo Lepin, se desistió así: “Habiendo revisado con mayor detención los antecedentes fundantes de la querella presentada, luego de dicha revisión y habiendo recibido de las personas objeto de la querella toda la documentación y explicaciones necesarias, esta parte querellante ha llegado a la conclusión de que no existen hechos delictivos de ningún tipo, razón por la cual viene en desistirse en todas sus partes de la querella criminal presentada en autos”.

Y agregó que renunciaba a “todas las acciones civiles y penales que surgen, directa o indirectamente, de los hechos materia de la querella criminal de autos, ya sea en contra de las sociedades involucradas o alguno de sus ejecutivos, de quienes fueron sus ejecutivos, y de sus personas o entidades relacionadas. Esta renuncia no afecta lo obrado, ni los pagos futuros, que debe recibir mi representada en su calidad de acreedor del Chapter XI seguido ante la Corte de Quiebras del Distrito de Delaware, Estados Unidos de Norteamérica”. 

Personas al tanto del caso explican que la Fiscalía sigue investigando, pero hasta ahora no se ha solicitado audiencia para formalizar a nadie. 

En los equipos legales involucrados creen dos cosas: primero, que los abogados en EEUU de Saieh podrían llevar a Petersen y Tagle al tribunal en Delaware si no se desisten a la brevedad. Y segundo, que aún hay inversionistas molestos buscando otras alternativas para enfrentar al empresario ante la justicia. 

Todo está por verse. O “See you in court”.